Comunicados de Prensa

SACRAMENTO — La contralora estatal de California, Malia M. Cohen, agradeció hoy al gobernador Gavin Newsom por vetar el Proyecto de Ley del Senado (SB, por sus siglas en inglés) 414, una propuesta que habría creado una nueva Oficina del Inspector General de Educación para realizar auditorías forenses de las escuelas chárter.

“El veto del gobernador Newsom a la SB 414 preserva tanto la responsabilidad fiscal como la integridad constitucional”, declaró la contralora Cohen. “Si bien con buenas intenciones, este proyecto de ley habría duplicado innecesariamente las facultades y obligaciones ya conferidas a la oficina que presido, la cual es la centinela fiscal independiente de California. Los artífices de nuestra Constitución crearon esta oficina para proteger las arcas públicas, auditar cada dólar recaudado y gastado, y denunciar el fraude antes de que se agrave. Esa misión ya incluye auditorías y supervisión educativa”.

Como directora fiscal del estado, la contralora está autorizada constitucional y estatutariamente a auditar los ingresos y desembolsos de todos los fondos estatales, incluidos los distribuidos bajo la Proposición 98 para educación. Cada año, la Oficina de la Contralora del Estado (SCO, por sus siglas en inglés) audita aproximadamente 64 millones de desembolsos, que suman casi un trillón de dólares.

“La SCO está autorizada a realizar auditorías de cumplimiento dentro del sistema educativo, desarrolla la Guía de Auditoría Educativa y revisa el trabajo de los auditores independientes para garantizar el pleno cumplimiento de la ley estatal por parte de los distritos escolares”, agregó la contralora Cohen. “Crear una nueva agencia duplicada a un costo de cientos de millones de dólares no fortalecería la supervisión, sino que la dispersaría.

“Los niños y las familias de California merecen más que solo un nuevo letrero en una puerta nueva”, recalcó la contralora Cohen. “Merecen una vigilancia probada, amplia y fundamentada en la autoridad constitucional. Al vetar la SB 414, el gobernador afirmó que debemos mantener nuestra vigilancia fiscal fuerte, unida y responsable ante la ciudadanía, no dividida entre burocracias duplicadas. Juntos, podemos garantizar que cada dólar destinado a la educación llegue a su destino legítimo: el aula, el maestro y el estudiante, para que todos podamos seguir impulsando el progreso de California”.

“Espero con interés trabajar con legisladores, educadores y representantes de la comunidad en la próxima sesión legislativa para implementar las conclusiones de nuestro próximo informe de auditoría de escuelas chárter”, finalizó Cohen. “Juntos, podemos modernizar la supervisión fiscal en la educación, mejorar la transparencia y construir un sistema más sólido y equitativo para estudiantes, padres y contribuyentes por igual”.

Antecedente

En 2019, la Fiscalía de Distrito de San Diego procesó a 11 personas asociadas con la Academic Arts and Action Education Network compuesta por 19 escuelas chárter, las cuales perpetraron un complejo esquema que defraudó a familias californianas y al Estado de California por aproximadamente $400 millones, lo que representa el mayor fraude en los 31 años de historia de California en el funcionamiento de las escuelas chárter.

Tras la declaración de culpabilidad, el juez del Tribunal Superior de San Diego, Robert C. Longstreth, firmó una orden judicial con fecha del 21 de septiembre de 2023, en la que se concedió la moción del síndico para aprobar y establecer un grupo de trabajo de auditoría interinstitucional. El Tribunal determinó que dicho grupo era necesario y apropiado debido a las pruebas presentadas en el juicio que indicaban una deficiencia en la guía de auditoría del Estado de California, la cual no incluía disposiciones adecuadas sobre las mejores prácticas aplicables a la estructura única de las escuelas chárter. El objetivo principal del grupo de trabajo era prevenir futuros fraudes y garantizar la rendición de cuentas en el sistema escolar público K-12, incluidas las escuelas chárteres.

En reconocimiento al rol de la controlara estatal como principal funcionaria fiscal y auditora de California, el juez Longstreth la nombró presidenta, y al fiscal de distrito de San Diego y al síndico sucesor como miembros principales del Grupo de Trabajo Multiinstitucional de Auditorías de Escuelas Chárter. El juez Longstreth también nombró a las organizaciones que participarían como miembros del Grupo de Trabajo. Los grupos clave representados en el Grupo de Trabajo incluyeron a California Association of School Business Officials, California Charter Schools Association, California County Superintendents, California School Board Association, Fiscal Crisis and Management Assistance Team, California Department of Education y varias oficinas de educación de los condados y distritos escolares locales. El juez Longstreth nombró a SCO como la agencia principal del grupo de trabajo, a pesar de no ser parte en el caso. El Grupo de Trabajo se reunió mensualmente durante aproximadamente diez meses y emitió un informe al Tribunal en junio de 2024 con 20 recomendaciones.

Si bien el Grupo de Trabajo se centró principalmente en las funciones de auditoría de las escuelas chárter, la mayoría de las recomendaciones adoptadas por el Grupo de Trabajo son igualmente aplicables a todas las agencias educativas locales, incluidos los distritos escolares, las oficinas de educación de los condados y las escuelas chárter. En ese sentido, las recomendaciones brindan oportunidades para que mi oficina fortalezca la supervisión de auditoría en todo el sistema educativo K-12.