Comunicados de Prensa

SACRAMENTO — Hoy, la contralora estatal Malia M. Cohen, como presidenta de la Comisión de Tierras del Estado, solicitó una sesión de emergencia de la Comisión en respuesta a las órdenes de la Administración Trump que obligan a Sable Offshore Corp. (Sable) a reanudar las operaciones petroleras en alta mar en la costa de California.

La contralora Cohen insta a la Comisión a unirse al gobernador Gavin Newsom y al procurador general Rob Bonta para cuestionar la confianza que Sable deposita en el ejercicio de la autoridad por parte de la Administración Trump, supuestamente en virtud de la Ley de Producción de Defensa, y a ordenar al personal de la Comisión que rescinda el contrato de arrendamiento si Sable decide operar la plataforma sin todas las aprobaciones regulatorias estatales requeridas.

“Como presidenta de la Comisión de Tierras Estatales, me comprometo a garantizar que toda persona que utilice tierras estatales cumpla estrictamente con la ley. La Comisión de Tierras Estatales tiene jurisdicción sobre las tierras públicas y las zonas costeras que atraviesa este oleoducto, y cualquier intento de eludir las leyes o la soberanía de nuestro estado no quedará impune. California —no Washington, y ciertamente no una compañía petrolera privada— tiene la autoridad para determinar qué sucede en nuestras tierras y aguas públicas. Nuestra soberanía es innegociable”. 

“No podemos, en conciencia, permanecer impasibles ante tales acciones y permitir que el presidente, o cualquier persona que actúe bajo su dirección, infrinja las leyes y el sistema legal de California para apropiarse de oleoductos e instalaciones petroleras que se encuentran dentro de la jurisdicción regulatoria de California. La motivación de las acciones de la administración parece ser un intento apenas disimulado de obtener ventaja en las elecciones de medio término”. 

La contralora Cohen señaló además que la plataforma petrolífera en cuestión se encuentra plenamente dentro de la jurisdicción regulatoria de California y está respaldada por un Decreto de Consentimiento suscrito el 13 de marzo de 2020 entre Estados Unidos, diversas agencias del Estado de California y Plains All American Pipeline, predecesora de Sable.

“Este incumpliendo deliberado e intencional por los procesos legales, ambientales y de seguridad establecidos mediante el Decreto de Consentimiento genera serias preocupaciones sobre la gestión de riesgos y la responsabilidad fiscal. California no puede permitirse exponer uno de sus activos públicos más valiosos, su litoral, a riesgos innecesarios que podrían ocasionar miles de millones de dólares en daños económicos y costos públicos”.

La Contralora Estatal preside la Comisión de Tierras del Estado en los años pares.