Comunicados de Prensa

SACRAMENTO — Tal como informó por primera vez ayer el medio ESG Dive, la contralora estatal, Malia M. Cohen, se unió a otros siete funcionarios fiscales estatales y locales para expresar su alarma ante la creciente presión política e ideológica ejercida sobre las agencias de calificación crediticia, con el fin de que estas abandonen el análisis independiente de riesgos. Advirtieron que dicha interferencia amenaza con elevar los costos de endeudamiento para los estados y debilitar las herramientas fiscales de las que dependen los gobiernos para gestionar sus presupuestos y financiar servicios esenciales.

En una carta conjunta enviada a los directivos de Fitch Ratings, Moody's Corporation y S&P Global Ratings, la contralora Cohen y los otros siete funcionarios fiscales estatales y locales exigieron a las agencias que preserven sus metodologías crediticias independientes y con visión de futuro, frente a los intentos externos de limitar el análisis de riesgos. "Nos preocupa que los argumentos recientes en torno a las prácticas de calificación crediticia tergiversen el papel de dichas calificaciones y restrinjan el análisis de riesgos de maneras incompatibles con las prácticas crediticias sólidas y con las necesidades tanto de los inversionistas como de los emisores", afirman los funcionarios en la carta.

"Las calificaciones crediticias tienen por objeto evaluar la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras a lo largo del tiempo", apuntaron los oficiales fiscales. "Esa responsabilidad exige, necesariamente, la consideración de factores con visión de futuro, incluidas las condiciones cambiantes del mercado, los entornos normativos y las tendencias estructurales a largo plazo".

Los funcionarios fiscales advierten que impedir que las agencias de calificación consideren los riesgos emergentes perjudicaría directamente la salud fiscal de los estados. Limitar el análisis a los acontecimientos que ya se han materializado plenamente restaría utilidad a las calificaciones como indicadores tempranos de riesgo, aumentando los costos para los emisores públicos y reduciendo los recursos disponibles para infraestructura, educación y servicios públicos.

Según la contralora Cohen, "Las calificaciones crediticias no son respaldos políticos; son evaluaciones de riesgo financiero. Cuando intereses externos intentan dictar qué riesgos pueden o no considerarse, amenazan la integridad del proceso y la confianza que los inversionistas depositan en nuestros mercados. Los estados y los gobiernos locales dependen de un análisis crediticio justo e independiente para financiar escuelas, infraestructura, seguridad pública y otros servicios esenciales. Politizar ese proceso encarecería el endeudamiento y dejaría a los contribuyentes pagando la factura".

La carta completa está disponible aquí.