Comunicados de Prensa

SACRAMENTO — La contralora estatal Malia M. Cohen publicó hoy un informe actualizado que muestra que el pasivo neto del estado para financiar plenamente los beneficios de salud y dentales de los jubilados —también conocidos como otros beneficios posteriores al empleo (OPEB, por sus siglas en inglés)— ha disminuido a una cifra estimada de $77.8 billones de dólares. Dada la actual suspensión temporal de dos años de las contribuciones de prefinanciación, tanto del estado como de los empleados, para estos beneficios, la contralora Cohen recordó que retomar la prefinanciación garantizará que el estado planifique de manera responsable estos compromisos de jubilación, protegiendo al mismo tiempo a las generaciones futuras de los impactos presupuestarios.

El pasivo neto de OPEB representa el costo actual de proporcionar beneficios de salud y dentales a los jubilados estatales y a sus dependientes, acumulados hasta el 30 de junio de 2025; se trata de una estimación elaborada por actuarios que toma en cuenta supuestos económicos, demográficos y relacionados con la atención médica —tanto actuales como futuros— sujetos a cambios anuales.

"Si bien la disminución interanual de los costos a largo plazo para los beneficios de salud y dentales de los jubilados es una buena noticia, la medida responsable para el estado es garantizar que planifiquemos estos costos futuros incrementando las contribuciones de prefinanciación mediante los rendimientos de las inversiones", afirmó la contralora Cohen. "Retomar la prefinanciación posicionará mejor al estado como un administrador fiscal responsable, con miras a proteger los presupuestos futuros y el dinero de los contribuyentes".

El pasivo neto de OPEB de California disminuyó en $13.7 billones de dólares con respecto a la valoración del año anterior, que fue de $91.5 billones de dólares. En comparación, dicho pasivo aumentó en $6.3 billones de dólares entre el final del año fiscal 2022-23 y el final del año fiscal 2023-24, y también aumentó en $2.8 billones de dólares entre el final del año fiscal 2021-22 y el final del año fiscal 2022-23.

El pasivo neto por OPEB es el pasivo total por OPEB menos el valor de mercado de los activos, incluyendo los rendimientos de las inversiones y las contribuciones de prefinanciación. La experiencia en reclamos de atención médica, las actualizaciones en el diseño del plan y en las tasas de tendencia, la experiencia demográfica y los cambios en las hipótesis —incluida la tasa de descuento combinada— afectaron la estimación del pasivo total por OPEB, cifrado en $89.4 billones de dólares. La disminución del pasivo total por OPEB se atribuye principalmente a cambios en la tasa de descuento combinada, la cual se basa en una combinación de la tasa de descuento de financiación total del 6 por ciento y el índice de bonos municipales a 20 años, que aumentó del 3.97 por cierto al cierre del año fiscal 2023-24 al 5.2 por ciento al cierre del año fiscal 2024-25. El cambio en la tasa de descuento combinada redujo el pasivo total por OPEB en $13.4 billones de dólares. Los costos de reclamos de atención médica por afiliado superiores a lo previsto y la elección de planes de mayor costo aumentaron el pasivo total por OPEB en casi $1.3 billones de dólares. Los cambios en las hipótesis sobre la tasa de tendencia de la atención médica —incluidos los ajustes para reflejar el posible impacto de la Ley de Reducción de la Inflación en los beneficios de medicamentos recetados de Medicare— aumentaron el pasivo total por OPEB en más de $1.6 billones de dólares. La experiencia demográfica —que incluye las tasas de jubilación, cese laboral, discapacidad y mortalidad— redujo el pasivo total por OPEB en más de $3 billones de dólares, mientras que los cambios en las hipótesis relacionadas con las pensiones redujeron aún más el pasivo total en más de $1.8 billones de dólares. El valor de mercado de los activos para OPEB aumentó en $2.6 billones de dólares, alcanzando los $11.6 billones al cierre del año fiscal 2024-25, lo que resultó en un pasivo neto por OPEB de $77.8 millones de dólares.

A partir de enero de 2010, California estableció acuerdos de negociación colectiva para prefinanciar los beneficios de salud y dentales de los jubilados mediante contribuciones depositadas en el Fideicomiso de Beneficios para Jubilados de Empleadores de California (California Employers’ Retiree Benefit Trust), con el fin de generar rendimientos de inversión. Los fondos del fideicomiso no pueden utilizarse para pagar los beneficios de salud de los jubilados hasta que el estado haya financiado totalmente el pasivo heredado o hasta el año 2046, lo que ocurra primero. Antes de estas iniciativas de prefinanciación, el estado pagaba los beneficios bajo la modalidad de "pago a medida que se devengan" (pay-as-you-go), cubriendo únicamente el importe mínimo necesario para sufragar los costos a medida que vencían. Dado que todas las unidades de negociación —a excepción de las pertenecientes a la California State University— han realizado aportaciones al fondo fiduciario, los analistas esperaban observar una aceleración en el índice de financiación.

Varios acuerdos de negociación colectiva alcanzados con sindicatos de empleados públicos estatales, con vigencia a partir del año fiscal 2025-26, suspendieron durante dos años las aportaciones de prefinanciación —tanto del Estado como de los empleados— destinadas a cubrir futuras prestaciones. El informe prevé que esta pausa en la prefinanciación retrasará dos años la consecución de la financiación total y que futuras suspensiones podrían provocar una desviación significativa respecto al plan de financiación plena, lo que, en última instancia, afectaría a los factores utilizados para calcular el pasivo, incluida una reducción de la tasa de descuento.

“Es importante señalar que estos costos a largo plazo no son insuperables, siempre y cuando sigamos planificando con antelación y ahorrando”, afirmó la contralora Cohen.

El Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California (CalPERS, por sus siglas en inglés) es el mayor comprador de beneficios de salud para empleados públicos del estado, y la contralora forma parte, con derecho a voto, de su Comité de Pensiones y Beneficios de Salud. CalPERS aprovecha su posición en el mercado para contener el aumento de los costos de atención médica para sus afiliados y jubilados, ofreciendo opciones de planes de salud asequibles, negociando primas más bajas, fomentando la prevención y estabilizando o reduciendo los costos de los medicamentos recetados siempre que sea posible.