Comunicados de Prensa

SACRAMENTO — Hoy, la contralora estatal Malia M. Cohen agradeció al gobernador Gavin Newsom por pasar la ley AB 126, la cual refuerza la supervisión financiera de las agencias educativas locales de California mediante la implementación de la mayoría de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre Auditorías de Escuelas Chárter —creado por orden judicial en San Diego—, presidido por la propia contralora Cohen.

Esta legislación se fundamenta en las recomendaciones desarrolladas a raíz del fraude cometido en 2019 por la red Academic Arts and Action Education (A3); una confabulación que involucró 400 millones de dólares dio lugar al procesamiento judicial de 11 personas y puso al descubierto graves deficiencias en la supervisión de las finanzas de las escuelas chárter.

La contralora Cohen presidió el Grupo de Trabajo multidisciplinario sobre Auditorías de Escuelas Chárter, el cual publicó su informe —titulado Audit Best Practices for Detecting and Curtailing Charter School Fraud (Mejores Prácticas de Auditoría para Detectar y Frenar el Fraude en las Escuelas Chárter)— en septiembre de 2024. Si bien el grupo de trabajo se centró en las escuelas chárter, la mayoría de sus recomendaciones son aplicables a todas las agencias educativas locales y tienen como objetivo mejorar la calidad de las auditorías, fortalecer la supervisión fiscal, aumentar la transparencia y mejorar la detección temprana y la prevención del fraude.

"Cada dólar destinado a los estudiantes de California debe llegar al aula y no perderse debido al fraude, el despilfarro o el abuso. La confianza pública depende de una supervisión financiera sólida y esta legislación dota a California de mejores herramientas para reforzar la rendición de cuentas, mejorar la transparencia y detectar el fraude antes de que desvíe recursos de los estudiantes que más los necesitan", afirmó la contralora Cohen.

"La firma de la ley AB 126 por parte del gobernador Newsom representa un importante avance en la protección de los fondos destinados a la educación pública mediante una mayor transparencia y rendición de cuentas", declaró la fiscal del distrito del condado de San Diego, Summer Stephan. "Me enorgullece que las recomendaciones elaboradas por el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Auditoría de Escuelas Chárter, liderado por la contralora estatal Malia Cohen, hayan contribuido a dar forma a esta legislación. Al fortalecer continuamente la supervisión y mejorar las salvaguardias fiscales, California trabaja para garantizar que el dinero de los contribuyentes se utilice de manera responsable en la educación de nuestros estudiantes. Este esfuerzo conjunto aprovechó las lecciones extraídas del caso de fraude educativo más grande de nuestro estado, procesado por mi oficina; ello demuestra que, cuando las agencias colaboran con un compromiso compartido hacia la integridad y la responsabilidad fiscal, podemos impulsar reformas diseñadas para beneficiar a los estudiantes, las familias y las comunidades de toda California".

"Esta es una noticia excelente para los estudiantes y contribuyentes de California. La legislación demuestra que es posible lograr reformas significativas cuando los funcionarios públicos colaboran con un compromiso compartido de rendición de cuentas y transparencia", afirmó el administrador sucesor William R. Ayres. "Agradezco al gobernador Newsom y a la Legislatura la implementación de estas importantes medidas de protección y deseo reconocer la destacada colaboración de la contralora estatal Malia Cohen, la Fiscalía del Distrito del Condado de San Diego, los miembros del Grupo de Trabajo de Auditoría de Escuelas Chárter y mis representantes legales. Fue verdaderamente un trabajo en equipo, y California se beneficiará de ello".

Entre las reformas clave incluidas en la ley AB 126 se encuentran:

• Requisitos reforzados de capacitación, cualificación y experiencia para los contadores públicos certificados (CPA, por suis sighlas en inglés) que realizan auditorías de agencias educativas locales, incluyendo 16 horas de capacitación específica sobre dichas agencias cada dos años y un mínimo de dos años de experiencia relevante en auditorías.
• Ampliación de las facultades de la Oficina de la Contralora del Estado para realizar revisiones de control de calidad de los papeles de trabajo de auditoría, a fin de verificar el cumplimiento de las normas profesionales de auditoría.
• Facultad adicional para retirar a auditores de la lista aprobada por la Contralora del Estado por un periodo de hasta tres años cuando no se cumplan las normas de desempeño o de cumplimiento.
• Mejora de los requisitos de notificación cuando las agencias educativas locales cambian de firma de contadores públicos o presentan auditorías fuera de los plazos legales establecidos.
• Procedimientos de auditoría más rigurosos dentro de la Guía de Auditoría K-12 de California, incluyendo una revisión más exhaustiva de las transacciones entre partes relacionadas, la comunicación con los organismos de supervisión durante la planificación de la auditoría y requisitos reforzados para el muestreo de auditoría.
• Ampliación de los requisitos de presentación de informes financieros y divulgación de información, incluyendo la presentación por separado de la información financiera de las escuelas chárter, la divulgación de los miembros de las juntas directivas y entidades relacionadas de dichas escuelas, la identificación de los cinco empleados mejor remunerados, el reporte de los 25 pagos o transferencias de activos de mayor cuantía y una presentación más detallada de los datos de inscripción y asistencia de los estudiantes.

El fortalecimiento de los requisitos de auditoría y la ampliación de las medidas de transparencia proporcionarán a los organismos de supervisión y al público información financiera más significativa, al tiempo que mejorarán la capacidad de California para detectar y frenar el fraude y salvaguardar los recursos de la educación pública.

Antecedentes
En 2019, la Fiscalía del Distrito de San Diego procesó a 11 personas vinculadas a la red Academics Arts and Action Education (A3), la cual estaba compuesta por 19 escuelas chárter. Dichas personas participaron en la inscripción fraudulenta de alumnos y la manipulación de las cifras de matrícula, además de desviar aproximadamente 400 millones de dólares en ingresos hacia empresas controladas por los operadores de A3. En respuesta al caso de fraude de A3, el juez del Tribunal Superior de San Diego, Robert C. Longstreth, firmó una orden judicial el 21 de septiembre de 2023 mediante la cual aprobó la creación del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Auditoría de Escuelas Chárter y designó a la Contralora Estatal como presidente de dicho grupo. El objetivo principal del grupo de trabajo consistía en examinar las funciones de auditoría de las escuelas chárter de California y elaborar directrices integrales para ayudar a las entidades autorizadoras de estas escuelas, a las oficinas de educación de los condados, al Departamento de Educación de California y a la Oficina de la Contralora Estatal a identificar con prontitud problemas financieros o conductas indebidas.